OBLIGATORIO PARA LOS SUJETOS AL IMPUESTO DE SOCIEDADES

El próximo 1 de enero de 2026, los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades tendrán que comenzar a cumplir, en su calidad de usuarios, con las nuevas obligaciones establecidas en el Real Decreto 1007/2023, relativo a los requisitos que deben adoptar los sistemas informáticos de facturación. Para el resto de contribuyentes, esta obligación se pospondrá al 1 de julio de 2026, si bien los productores y desarrolladores de dichos sistemas tendrían que haber adaptado los mismos a fecha de 29 de julio de 2025. Pero ¿en qué consiste esta obligación a la que se le ha dado el nombre de VERIFACTU? ¿Se trata de la nueva obligación de facturación electrónica de la que llevamos oyendo hablar ya varios años? En el caso de la facturación electrónica, esta tarea se antoja complicada, si tenemos en cuenta la cantidad de normas que o bien se encuentran en vigor o está prevista su aplicación en España en los próximos años: Suministro Inmediato de Información (o “SII”), el proyecto de factura electrónica desarrollado por la Ley Crea y Crece, FACE en las relaciones con la Administración, o el proyecto “VIDA” (acrónimo de VAT in the Digital Age) que comenzará a implementarse a nivel comunitario a partir de 2030. El concepto genérico de “factura digital” suele hacer referencia a dos tipos de normativa: una propiamente de facturación electrónica, que consiste en la obligación de envío y recepción de la factura por medios electrónicos, y otra que podríamos denominar como de reporte digital, y que consiste, muy a grandes rasgos, en generar registros con el contenido de las facturas expedidas y, en su caso, recibidas. La nueva obligación VERIFACTU encaja en este segundo grupo de obligaciones y, como tal, será incompatible con otras obligaciones de reporte digital, como son el SII o Ticket Bai / Batuz. De esta manera, los contribuyentes que cumplan de manera obligatoria o voluntaria con el SII, no tendrán que cumplir con VERIFACTU. En cambio, VERIFACTU sí será compatible con la nueva obligación de facturación electrónica desarrollada por la Ley Crea y Crece para la que, si bien no existe todavía una fecha definitiva de entrada en vigor, no prevemos su implantación hasta, al menos, inicios de 2027.