El juzgado ha encargado una nueva tasación de las 1.932 hectáreas embargadas a la empresa Fimbas, en los municipios de Panzano y Casbas de Huesca, con las que se debe indemnizar al Gobierno por la destrucción del yacimiento neolítico.
El empresario minero Victorino Alonso se libró de ir a la cárcel en Huesca por arrasar el yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves, pero además ocho años después de su condena aún no ha sido satisfecha la indemnización de 25 millones de euros al Gobierno de Aragón por cometer un delito contra el patrimonio histórico.
La empresa Fimbas (de la que era administrador único), titular de la finca de caza de Bastarás donde estaba la cueva, que fue declarada responsable civil subsidiaria, la entregó como dación en pago para afrontar la indemnización, pero a estas alturas la Comunidad Autónoma de Aragón todavía no ha podido tomar posesión de las casi 2.000 hectáreas.
El embargo a favor de la DGA se decretó en septiembre de 2021 y desde entonces, según aseguran fuentes del departamento de Hacienda, los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma han cursado hasta 19 escritos al juzgado solicitando la entrega de la finca.
Se sigue pendiente, según las mismas fuentes, de que la DGA asuma la finca para dar por ejecutada la sentencia. En este momento, el Juzgado de lo Penal 1 de Huesca ha solicitado un nuevo peritaje del valor de la finca a un técnico del Tribunal Superior de Justicia. La valoración realizada en el proceso de instrucción, que llevó a cabo Fimbas, la cuantificó en 12 millones de euros, menos de la mitad de la indemnización, sin contar los intereses.
El auto de ejecución penal dictado en 2021 determinaba las cantidades a pagar en concepto de indemnización, 25.445.381 euros, a los que sumar 7.633.614 euros para hacer frente a los intereses que pudieran devengarse.
Según ha explicado la abogada de Apudepa, que ejerció la acusación popular, Pilar Villellas, la única tasación realizada era la aportada por Fimbas durante la instrucción judicial del caso para afrontar la posible responsabilidad civil. «No ha habido posibilidad de hacer otra porque no se ha podido entrar al coto y han puesto trabas para el acceso», aseguró. Ahora se estaban tasando una por una las 80 parcelas que componen la finca, ubicada en los términos municipales de Panzano y Casbas de Huesca, pero el juzgado ha pedido al perito que aporte el informe cuanto esté completo.
Hace unos días, varias asociaciones, entre ellas Ecologistas en Acción y Apudepa, entregaron un escrito dirigido al director general de Medio Natural del Gobierno de Aragón reclamando la retirada de la totalidad del vallado cinegético perimetral de la finca de Bastarás, y el vallado interior si existiese. El objetivo es que se garantice el acceso senderista por los caminos públicos e históricos que atraviesan el coto, al interior del pueblo de Bastaras, a los abrigos de pinturas rupestres, a la cueva de Chaves y a todas las zonas de interés medio ambiental y geológico que a pesar de encontrarse en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara no se han podido visitar durante décadas.
La anulación del coto de caza (HU-10.134P) por orden de la DGA a raíz de un expediente abierto contra Fimbas S.A en 2007 por la introducción de una especie alóctona obligaba a levantar el vallado. La orden fue refrendada por los tribunales pero nueve años después de la última sentencia judicial, «el vallado sigue instalado imposibilitando, o en todo caso dificultando el acceso al interior del espacio público, sin saber los motivos por los que el Servicio Provincial de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en Huesca no procede a la retirada del mismo subsidiariamente», según explican esas organizaciones.
Herado de Aragón, 9 de abril de 2024